Denuncia penal contra el administrador del API por corrupción

Los ejecutores fiscales de Rosario denunciaron a Martín Ávalos por quedarse con el 50% de sus honorarios de forma forzada. También participa del mismo mecanismo el fiscal de Estado Weder. La acusación incluye hechos de extorsión, amenazas, y violencia y acoso laboral.

Los abogados que se desempeñan en la Oficina de Apremios de la Regional Rosario de API denunciaron penalmente al administrador del organismo recaudador provincial por quedarse con el 50% de sus honorarios y hacerlos depositar en su cuenta bancaria personal. El conflicto viene desde el mismo momento que la gestión de Omar Perotti asumió el gobierno provincial y Martín Ávalos fue designado en el cargo. En ese momento comunicó a los abogados que de ahora en más era su intención patrocinar todos los apremios de cobro, es decir poner al pie de la demanda judicial su firma junto a la del abogado ejecutor, lo que equivale a compartir los honorarios sin haber intervenido en el trámite. La presentación ingresada el lunes pasado en la Fiscalía Regional Rosario con patrocinio de los abogados Carlos Varela y Adrián Martínez, apunta a los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y concusión (exigir a un particular una contraprestación indebida en nombre y a beneficio del Estado). Aire de Santa Fe se intentó comunicar con Ávalos pero no obtuvo respuesta ni a las llamadas ni a los mensajes.

“Entendemos que el accionar de Ávalos constituye un claro supuesto de corrupción, concebida como el uso indebido del poder encomendado para obtener beneficios particulares ilícitos (económicos), violando la ley, afectando el interés general y la legitimidad de la autoridad”, dice uno de los párrafos más trascendentes del escrito ingresado al MPA.

“De manera despótica estableció que le correspondía, y debíamos liquidar a su parte, el 50% del total de los honorarios abonados por el contribuyente” y depositarlos en su cuenta personal. Luego impuso que todos los apremios además de llevar su firma llevarían la del fiscal de Estado Ricardo Weder, a pesar de que la Fiscalía de Estado y API son áreas del Estado completamente diferentes, y de hecho el API tiene autarquía plena. En diálogo con Aire de Santa Fe, el abogado patrocinante de los denunciantes, Carlos Varela, aclaró que en este primer paso la denuncia fue contra Ávalos y que más adelante se ampliará al fiscal de Estado.

La denuncia da cuenta de situaciones de acoso laboral, amedrentamiento, extorsión y presiones del administrador a los ejecutores para lograr que acaten la imposición. Uno de esos casos que mencionan fue la “expresa amenaza verbal de designar abogados de Santa Fe” si no acataban lo que se les ordenaba.

Por otra parte, al día siguiente que los abogados radicaron una denuncia por acoso laboral en la Defensoría del Pueblo, el administrador “en represalia” creó “una cuenta oficinal administrada por nuestros superiores por la cual directamente no podemos manejar más nuestros honorarios”.

Desde el 6 de mayo pasado los diez ejecutores de API Regional Rosario se niegan a incluir el patrocinio de Ávalos y Weder, lo que les valió, según denuncian, que no les mandan más ejecuciones para iniciar. “No puede supeditarse la emisión de títulos ejecutivos a un patrocinio ilegítimo siendo una conducta extorsiva y arbitraria, y justamente, desde que nos opusimos a ello, no se remitieron más títulos para ejecutar a esta Oficina de Apremios, dejando prescribir deudas en detrimento de fondos que le corresponden a la provincia”.

Cabe recordar que los abogados de apremios (juicio ejecutivo de deudas con el Estado) de API pertenecen a planta permanente, cobran sueldo del organismo y honorarios por los apremios, que las normativas vigentes consideran parte del salario. Los honorarios que perciben tienen un tope del 5% normalmente y de 3% en la actual moratoria que lleva abierta más de un año largo.

El tema tuvo eco en la Legislatura en noviembre pasado a partir de un pedido de informes ingresado por la diputada Lorena Ulleldin, aprobado en marzo y no contestado por el Poder Ejecutivo.

El caso
El conflicto comenzó el 8 de enero de 2020 durante la reunión de presentación del administrador con los miembros de la Oficina de Apremios Rosario, en las oficinas de Tucumán al 1800. “La reunión transcurrió de manera amable hasta que, de manera imperativa y sin ningún tipo de fundamentos, Ávalos nos comunicó que a partir de la fecha él iba a patrocinar todos los juicios de ejecución fiscal que se asignaran a la Oficina”, dice la denuncia.

Los denunciantes argumentan que los honorarios son parte de su salario, que es incompatible la pretensión de patrocinar los juicios por parte del administrador, que duplica el gasto de los contribuyentes en boletas de Iniciación de Juicio (una por cada abogado), que la ilegalidad le puede acarrear serios costos a la provincia y que todo se da “en afán de un beneficio personal”.

Detallan que Ávalos está ejerciendo un “doble rol de juez administrativo y patrocinante (es quien decide qué deuda está firme administrativamente para ser ejecutada y al mismo tiempo se beneficia personalmente por el cobro judicial, perdiendo toda objetividad e imparcialidad) deslegitimando total y absolutamente los créditos reclamados judicialmente por la API”.

En otro tramo la denuncia dice: “A todo ello, debemos sumar que pasado un tiempo el Dr. Ávalos fue aún por más, ya que, de manera verbal nos impuso a modo de amedrentamiento que además de su patrocinio, comenzaría también a firmar las demandas con igual carácter, el doctor Rubén Luis Weder, actual fiscal de Estado, quien comparte el cobro de honorarios por el patrocinio con el Dr. Ávalos”.

“Otro hecho no menor es que impuso que desde la Oficina de Apremios Rosario se le liquidaran, tanto a él como al fiscal de Estado, respectiva constancia para que los contribuyentes les transfieran (su parte) a sus cuentas bancarias particulares”.

Con respecto al patrocinio de Weder, los ejecutores recuerdan que “en el pasado esto ya había sido rechazado y resuelto conforme a derecho, con entre otros fundamentos, la autarquía que detenta el API”. Y dejan aclarado que “de todo este accionar ilegítimo existen sobradas pruebas, que serán acompañadas oportunamente”.

Se agrega que “en otro claro ejemplo de su abuso de autoridad, nos impuso que se le informe qué juicio se cobra y por cuánto, demostrando que no tienen registro del trámite de los juicios y siendo lo único que les importa el cobro de sus honorarios”.

El contexto
Hay un tramo de la denuncia que hace referencia a situaciones en las que Ávalos adujo que no se trata de una iniciativa personal sino que “viene de arriba”.

“En fecha 29 de abril de 2021 comenzó una lluvia de amenazas injustificadas y desmedidas, sin mencionar las extorsiones que sumaron más vehemencia”, dice. Y sigue: “A guisa de ejemplo, llamó a presentarse presencialmente en el despacho de la Secretaría Regional Rosario de API al doctor Ramiro Gainza y a la doctora Laura Borrás. En dicha reunión y de manera categórica, les dijo a los presentes que: «si rueda mi cabeza, voy a hacer rodar muchas más», «si tengo que inventar sumarios los voy a hacer, esta no me la como yo solo».

El relato jurídico indica que “el malestar laboral trató de ser apaciguado mediante reuniones convocadas a tales efectos doctora Borrás (jefa del área Apremios), sin lograr resultado favorable alguno, pues en las mismas si bien (Ávalos) pedía disculpas por las amenazas proferidas a algunos de los ejecutores, se mantenía en su actitud manifestando, entre otras cuestiones, que se trataba de «…una situación de tinte político…», y que «…lo teníamos que entender porque a él sus superiores lo aprietan…» (sin mencionar a quién se refería, pero claro está que sus superiores son el subsecretario de Ingresos Públicos y el ministro de Economía, por lo cual deberá especificar el Dr. Ávalos quién lo aprieta)”.

“Lo único cierto en los hechos es que lo que nos detrae de nuestro sueldo va a las cuentas particulares de él y del Fiscal de Estado. Es decir, para dar claridad, no sabemos si es cierto o no lo que dice que lo aprietan”, indica la denuncia ingresada al MPA.

“Es evidente que nos encontramos frente a hechos de corrupción y como empleados de la administración nos vemos obligados a denunciar esta situación”, indican los ejecutores.

También ponen de relieve represalias: “Debemos destacar que nuestro trabajo ha mermado considerablemente, pues se dejaron de remitir títulos ejecutivos a la Oficina, y según se nos informó, ello se debe a órdenes impartidas por Ávalos”, lo que quiere decir que desde la administración provincial no se les manda a la Oficina de Rosario juicios para iniciar. “Ello es grave, por cuanto sin las boletas de iniciación de juicios, no se proveen las demandas, y al correr los plazos procesales pueden caducar y prescribir los juicios, con perjuicios económicos a la Provincia, por falta de cumplimiento de dichos funcionarios”.

Entienden como “otra forma de amedrentamiento” que “no se están abonando los gastos causídicos para la tramitación de las ejecuciones en curso, llámese boletas de iniciación, cédulas judiciales, etc, a pesar de existir una cuenta bancaria específica (del organismo) para solventar dichos gastos y peor aún que la misma posee fondos suficientes, debiendo destacar que esos fondos son a su vez recaudados por esta oficina y a tales fines”.

Pruebas
Como primeras pruebas, los denunciantes ofrecieron un listado de testigos para ser convocados a declarar y proporcionaron los números de cuenta y los CBU correspondiente de las cuentas bancarias de Ávalos y Weder para que la Fiscalía solicite los extractos bancarios de las cuentas desde febrero de 2020 hasta la actualidad.

Además, indican que “en oportunidad de ratificar la presente denuncia habremos de acompañar toda la prueba documental que obra en nuestro poder, así como las grabaciones de las conversaciones telefónicas mantenidas, mails y chats de whatsapp, que prueban la veracidad de los hechos afirmados en la presente”.

La denuncia patrocinada por el penalista Carlos Varela lleva las firmas de todos los abogados de la Oficina de Apremios de la regional Rosario de API: Laura Elena Borras, Christian Leandro Dulong, Martín Andrés Gonella, Federico Pablo Piermattei, Lorena Maricel Brica, Claudia Marcela Radesca, Sandra Marcela D’Ángelo, María Luz Cándida Sachetto, Ramiro Gainza y Jorge Aníbal Ballestero.

 

Compartir:
Fuente: 
 
 
Ver más notas sobre: La Provincia Policiales
 
 
Recibí nuestras alertas de actualización y mantenete atento a las novedades que te proponemos, desde el resumen de medios mas importante de la provincia.
 

Tambíen te puede interesar...

 
Diseñado y desarrollado por Quarter Studios