En 10 segundos:
Qué pasó: la Justicia confirmó la legalidad de la detención de la agente de la PDI Estefanía Oviedo.
Qué cambia desde hoy: la causa avanza hacia la audiencia imputativa con la detención vigente.
A quién le pega: a la Policía de Investigaciones, al MPA y al esquema provincial de persecución del microtráfico.
Qué mirar ahora: qué cargos formulará la Fiscalía y si aparecen más responsabilidades internas.
Reconquista, 3 de junio de 2026. La investigación por microtráfico en Avellaneda dejó de ser solo una causa penal por drogas. Desde que una agente de la Policía de Investigaciones quedó detenida bajo sospecha de haber filtrado datos de allanamientos, el caso empezó a tocar una zona más delicada: la confianza interna del sistema que debe investigar.
Estefanía Evelyn Oviedo, integrante de la PDI de Reconquista, seguirá detenida después de que la Justicia rechazara el planteo presentado por su defensa. El fiscal Sebastián Galleano sostuvo que el procedimiento cumplió con las exigencias legales y que la detención fue informada de inmediato a la judicatura.
La audiencia se realizó en los Tribunales de Reconquista, ante el juez de Garantías Mauricio Martelossi. La defensa había cuestionado la legalidad de la medida y promovido un hábeas corpus correctivo. La Fiscalía respondió con el detalle del procedimiento, la comunicación judicial y la intervención de la defensa pública hasta la designación de abogado particular.
El planteo quedó rechazado. Según la resolución judicial informada por el fiscal, la detención continúa vigente hasta la audiencia imputativa, que podría realizarse el viernes.
La causa tiene una carga institucional fuerte por el contexto en el que aparece. Los allanamientos presuntamente filtrados eran parte de un operativo por microtráfico en Avellaneda, donde se realizaron 18 procedimientos y se secuestraron pequeñas cantidades de cocaína y marihuana. La sospecha central apunta a que información sensible pudo haber salido desde adentro de la estructura policial.
Esa hipótesis golpea en un punto crítico. Las investigaciones por narcomenudeo dependen de reserva, coordinación y oportunidad. Una filtración puede vaciar un operativo antes de que ocurra, exponer a los equipos que trabajan en calle y erosionar la capacidad del Estado para intervenir en mercados barriales de droga.
El caso quedó además atravesado por la tragedia vial ocurrida sobre la Ruta 98, en jurisdicción de Vera. Dos jefes de la PDI de San Cristóbal que se dirigían a esos procedimientos murieron cuando el vehículo oficial en el que viajaban chocó contra un camión detenido sobre la calzada. Las víctimas fueron Milena Martunuzzi y Adrián Mansilla, ambos vinculados al área de Microtráfico.
Otro efectivo, Gastón Carruega, fue derivado al Hospital Cullen con traumatismos, contusión pulmonar y múltiples fracturas. Ese dato agrava el clima de la causa, aunque la investigación sobre la presunta delación y el siniestro vial siguen carriles distintos.
El punto judicial inmediato será la imputación. Allí la Fiscalía deberá precisar qué conducta le atribuye a Oviedo, con qué evidencia sostiene la acusación y si la pesquisa alcanza a otros actores. Hasta ahora, la confirmación de la legalidad de la detención no resuelve el fondo del caso. Le da margen al Ministerio Público de la Acusación para avanzar con una causa que ya excede a una funcionaria policial.
Lo que queda abierto es más incómodo: si una investigación por microtráfico puede ser vulnerada desde adentro, el problema deja de estar únicamente en los puntos de venta. Pasa a estar en la estructura que debe desarmarlos.
