En 10 segundos:
Qué pasó: un informe de Factor Vial expuso el crecimiento de motos, uso del celular al volante, cruces en rojo y muertes viales en Santa Fe.
Qué cambia desde hoy: la discusión sale del conteo de infracciones y vuelve sobre la calidad de las políticas públicas.
A quién le pega: a motociclistas, peatones, familias, escuelas, trabajadores y al sistema sanitario que recibe las consecuencias.
Qué mirar ahora: si ciudad y provincia pasan de controles aislados a una estrategia sostenida de prevención, educación y rediseño urbano.
Santa Fe, 3 de junio de 2026. Santa Fe tiene cámaras, multas, controles, campañas y programas. Tiene, además, 26 personas muertas en siniestros viales durante los primeros cinco meses del año. Esa convivencia resume el problema: el Estado detecta infracciones, pero todavía llega tarde a la conducta que las produce.
Los datos difundidos por la asociación civil Factor Vial y publicados por Aire de Santa Fe muestran un cuadro difícil de relativizar. En seis años, las motos pasaron del 26% al 38% del parque automotor de la capital provincial, muy cerca del 42% que representan los autos. La ciudad cambió su forma de moverse. La política vial siguió demasiado atada al reflejo del control.
El dato de las motos es central porque reconfigura el riesgo. Según el relevamiento citado, entre el 77% y el 78% de los siniestros viales involucran una moto. En los hechos fatales sobre dos ruedas, ocho de cada diez personas mueren y siete de cada diez víctimas circulaban sin casco al momento del impacto.
Ese mapa obliga a mirar con crudeza a la Municipalidad y a la Provincia. La ciudad administra la calle cotidiana: semáforos, controles, fotomultas, retenciones, educación urbana y regulación del tránsito barrial. La Provincia interviene sobre rutas, accesos, corredores y políticas generales de seguridad vial. Ambas capas aparecen activas. El resultado sigue siendo débil.
La capital provincial labra alrededor de 500.000 multas anuales. Al mismo tiempo, las infracciones por cruzar semáforos en rojo crecieron 103% en el último año y Factor Vial detectó que el 85% de los conductores observados usa el celular mientras maneja. Ese cruce deja una conclusión política incómoda: multar más puede mejorar la recaudación o la trazabilidad administrativa, pero la transformación cultural requiere otro músculo estatal.
La sanción funciona cuando forma parte de una política integral. Pierde potencia cuando aparece como respuesta dominante. Un conductor que mira el celular, una moto con dos ocupantes sin casco o un cruce en rojo revelan fallas previas: educación insuficiente, controles previsibles, infraestructura permisiva, licencias sin seguimiento, campañas discontinuas y una idea de riesgo demasiado baja.
La Provincia exhibió este año controles relevantes en rutas y accesos. En el Operativo Verano informó 178.000 vehículos fiscalizados, más de 156.000 test de alcoholemia y 28.506 actas. Es una presencia estatal importante, pero concentrada en períodos y corredores específicos. La mortalidad urbana exige continuidad diaria, coordinación con municipios y una lectura más fina de lo que pasa en esquinas, avenidas, accesos escolares, zonas comerciales y corredores de motos.
La Municipalidad, por su parte, avanzó con fotomultas a motovehículos y relanzó el programa “Vale por un casco”, que permite reemplazar la multa por la compra de un casco reglamentario en primeras infracciones. Es una herramienta mejor orientada que la sanción pura porque introduce una consecuencia preventiva. Su límite está en la escala: frente a una ciudad donde las motos ya casi igualan a los autos, la política del casco necesita dejar de ser un trámite posterior a la infracción y convertirse en una estrategia territorial.
La seguridad vial suele quedar encerrada en dos respuestas: más controles y más campañas. La primera detecta. La segunda advierte. Entre ambas falta una política sostenida que cambie hábitos antes del choque. Escuelas, clubes, repartidores, trabajadores en moto, comercios, barrios periféricos, avenidas de alta velocidad y horarios críticos deberían formar parte de una misma arquitectura pública.
El sistema sanitario recibe la parte más brutal de esa ausencia. Cada fin de semana, el Hospital Cullen vuelve a funcionar como termómetro de una ciudad que naturalizó el siniestro vial como accidente inevitable. Factor Vial lo plantea con una palabra fuerte: epidemia. La palabra molesta porque desplaza la mirada desde la fatalidad hacia la prevención.
El desafío para Santa Fe tiene menos que ver con sumar dispositivos y más con medir efectos. Cuántas multas se labran importa menos que cuántas conductas cambian. Cuántos controles se anuncian pesa menos que cuántas muertes se evitan. Una política vial seria empieza cuando el Estado deja de contar infracciones como prueba de acción y empieza a leerlas como evidencia de una falla persistente.
