Con la firma del gobernador, Omar Perotti, y de la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, el Poder Ejecutivo promulgó un agregado al artículo 221 del Código Procesal Penal de la provincia para incorporar a la figura de peligrosidad procesal al portador ilegal de armas de fuego por lo que habilita a que su detención implique el dictado de la prisión preventiva.
Con la publicación de la norma en el Boletín Oficial, finalizó un largo proceso parlamentario que exigía el paso del expediente por el máximo número de instancias previsto en la Constitución provincial. La norma contó con el fuerte empuje de las organizaciones de víctimas de Santa Fe y Rosario que militaban el proyecto que llevaba como bandera a Oscar Martínez (Frente de Renovación) en la Cámara de Diputados y a Lisandro Enrico (UCR – General López) en el Senado. En todo caso, hubo reparos y advertencias especialmente en la Cámara de Diputados de Matilde Bruera (Lealtad Kirchner) y, fuera del Legislativo, de varios actores del derecho penal que advierten sobre la inconstitucionalidad de la adición al Código.
