El Senado acordó una preferencia para la próxima sesión para un tema relevante: el órgano de investigaciones que dependerá de la Fiscalía.
De la redacción de El Litoral
Dos semanas atrás, el titular del Ministerio Público de la Acusación, Dr. Julio de Olazábal visitó la Cámara de Senadores con un temario múltiple, acordado con los legisladores. Se trató tanto de evaluar la marcha de la implementación de la nueva Justicia Penal como de dialogar sobre nuevas normas que colaboren con la lucha contra la inseguridad.
En esa reunión, la posibilidad de hacer más ágiles los procedimientos que hoy ordena el Código Procesal Penal para los allanamientos fue uno de los temas más conversados.
Por otra parte, el fiscal general procuró especialmente de la Cámara que haya avances con la ley para crear un órgano especial de investigaciones -la llamada policía judicial- que dependerá de la Acusación.
El jueves pasado, en la Cámara Alta sólo se votaron preferencias para la larga lista de proyectos en espera, que van desde un incremento de recursos para el Ministerio de Seguridad hasta una nueva caracterización de los delitos flagrantes para denegar las excarcelaciones, pasando por sumar a las ciudades de Santa Fe y Rosario al Fondo de Obras Menores, del que hoy están excluidas, y que -de volcarse a infraestructura en barrios- puede mejorar las condiciones para combatir el delito.
Cabe destacar que las preferencias sólo constituyen compromisos de los legisladores para intentar tratar un asunto, ya que para que los temas señalados lleguen al recinto es necesario que antes las comisiones intervinientes produzcan los correspondientes despachos. (Sólo preferencias “con o sin despacho” aseguran su tratamiento).
¿Este jueves?
El Senado acordó una preferencia para la próxima sesión para un tema relevante: el órgano de investigaciones que dependerá de la Fiscalía. Una ley anterior, que logró el voto de ambas Cámaras, fue vetado por el Ejecutivo. Ahora, se busca avanzar para contar con una norma que reúna el suficiente consenso legislativo.
De todas formas, difícilmente sea breve el trámite. Ya se habla de modificaciones al texto que sancionaron los diputados, lo que llevaría -en revisión- otra vez el proyecto a la Cámara Baja.
Por otra parte, la policía judicial requiere -además de constituida- estar equipada con laboratorios. Uno de los participantes del encuentro dijo que “necesitamos técnicos y tecnología para destripar los celulares y las llamadas: un cuerpo de investigadores tiene que tener más herramientas tecnológicas para actuar”.
En espera, están varios proyectos (uno de Diputados con media Sanción y dos del Senado en estudio) para que por ejemplo los fiscales no estén obligados a conocer -antes de allanar- qué calibre tendrán las armas que busquen las fuerzas del orden. La propuesta apunta a simplificar los requisitos a cumplir por los fiscales para un allanamiento. Hoy, deben identificarse (antes de encontrarlos) bienes y objetos a incautar, y las personas a detener.
De Hugo Marcucci (UCR-La Capital) está pendiente un programa de protección de testigos, de Juicios abreviados, de Recompensas, de Prisión preventiva, la creación de Consejos de Seguridad y otra iniciativa que busca que los fondos previstos en la Ley de Emergencia en Seguridad de los 0 millones actuales pase a 600 millones.
