Pionera ley contra el narcotráfico aprueba Santa Fe

La provincia de Santa Fe aprobó una ley para quitarle todos los bienes a los narcotraficantes y le asesta con la misma un golpe en el corazón. Es la primera provincia argentina que lo hace.

El Senado Provincial presidido por el esperancino Vicegobernador Carlos Fascendini (UCR) y con la presencia del senador por Las Colonias, Rubén Pirola (PJ) sancionó la norma, que ya tenía media sanción en la Cámara de Diputados. Habilita la quita de inmuebles, vehículos y otros elementos que sean secuestrados a bandas criminales y narcos. «Gracias a todas las fuerzas políticas por su compromiso», celebró el gobernador Miguel Lifschitz.

El Senado convirtió en ley el proyecto que tuvo media sanción en Diputados hace dos semanas y que se encuentra dentro de la batería de medidas que impulsa el gobierno provincial para mejorar la seguridad en Santa Fe.

Por eso el propio gobernador Miguel Lifschitz celebró el paso adelante en la Legislatura provincial:

La norma establece la creación de un organismo para administrar los inmuebles, vehículos y otros elementos secuestrados provenientes de actividades ilícitas. Necesidad que se vio reflejada, por ejemplo, en la causa denominada Los Monos, por la banda narcocriminal de la zona sur de Rosario.

En concreto, la ley prevé la creación de un ente autárquico dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que se ocupe de la administración, custodia, disposición y también el eventual decomiso de los bienes secuestrados a individuos o bandas que cometan delitos de competencia provincial.

Santa Fe es la primera provincia del país en contar con esta herramienta para el combate contra el crimen organizado. Existe en paralelo un proyecto similar a nivel nacional que aún debe ser debatido en el Congreso.

El Senado aprobó también modificaciones al Código Procesal Penal. Según adelantó en Radio 2 el senador Lisandro Enrico consiste en «un ajuste que le da más facultades a los fiscales para actuar contra el delito», «mayor control de los juicios abreviados» y «la aplicación de prisión preventiva para causas que tienen condenas menores a 4 años», entre otros puntos.

 

 

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