Los principales funcionarios salieron al unísono a cuestionar los reclamos y confían en los anuncios y reuniones que emprenderán a partir de la semana próxima con los distintos sectores.
En los principales despachos de los funcionarios del gobierno apuestan a la continuidad del diálogo con sindicatos y organizaciones sociales -la semana próxima se llevarán a cabo sendas reuniones de la Mesa de Diálogo convocadas por el oficialismo-, pero al mismo tiempo cuestionan que se realice una protesta con aún se encuentran los canales de discusión abiertos.
La masiva convocatoria de ayer en la plaza de los Dos Congresos y el duro reclamo de los dirigentes sindicales y de organizaciones sociales para que el oficialismo apoye la ley que declara la emergencia social que, entre otras medidas promueve la formalización de un millón de empleos de cooperativistas, no pasó desapercibida para el oficialismo que ya anticipó su oposición a esa iniciativa por su alto costo fiscal y porque se la considera, en última instancia, carente de todo tipo de sentido.
Lo cierto es la semana que viene el oficialismo intentará aplacar los reclamos sectoriales. El lunes, a las 16, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, recibirá a organizaciones tales como el CTEP y Barrios de Pie, entre otras, para anunciarles una mejora en la propuesta inicial de bono de fin de año (de mil pesos grupo familiar). ‘No es lo que trascendió en los medios. El lunes la vamos a comunicar’, dijo durante la agitada jornada de ayer una fuente consultada. Hace una semana había trascendido que a la propuesta original, se le sumarían el pago de $200 por hijo y un ‘aguinaldo social’.
Los representantes de los denominados trabajadores de la economía popular reclaman, además, ser registrados por la Secretaría de Empleo de la Nación y que la Superintendencia de Servicios de Salud les permita crear una obra social (ya cuentan con una mutual que tiene convenios con el sindicato de ladrilleros). Estas medidas complementarían a los ‘nuevos asalariados’ que promueve de la ley de emergencia social.
