Ordenanzas de Presupuesto y Tributaria.
Por Eduardo N. Kinen (Concejal PJ)
La aprobación del Presupuesto anual es una de las competencias básicas del Concejo Municipal mediante la correspondiente Ordenanza en la que se regula lo concerniente a los ingresos y egresos del Estado local para el transcurso del año.
Generalmente la extensión y la trascendencia de esta Ordenanza supera en importancia y significación a las demás, por la sencilla razón que puede exhibirse como un verdadero programa de gobierno en el que se evidencian las distintas políticas públicas que se van a implementar a lo largo de ese ejercicio presupuestario.
Por otra parte, la Ordenanza Tributaria se basa en la potestad que tiene el Estado local de establecer gravámenes. El ejercicio de esa potestad debe apuntar a un equilibrio entre la capacidad de pago de los contribuyentes y la necesidad del sector público municipal de contar con los recursos suficientes que le permitan el cumplimiento de su cometido: el bien común.
Es posible afirmar entonces que estas dos ordenanzas poseen una enorme influencia en la vida cotidiana de los esperancinos, atentos a que los tributos se financian con lo que “sale de nuestros bolsillos” y que con el Presupuesto se cumple con tres funciones centrales: asignar bienes públicos, redistribuir los ingresos y definir prioridades de gastos. Por ello, utilizando el Estado adecuadamente los medios conducentes al logro de sus fines, nos muestra verdaderamente cómo se “cuida el bolsillo de la gente”.
Respecto a las ordenanzas ya mencionadas, el Departamento Ejecutivo envió al Concejo Municipal los proyectos de las mismas el 14 de noviembre de 2014. Teniendo en cuenta la fecha mencionada y la sanción de la Tributaria por parte del Concejo el pasado jueves 12 de marzo, se torna inevitable resaltar que pasaron prácticamente 4 (¡cuatro!) meses en los que estuvo a disposición de los diferentes bloques para su análisis y discusión.
Cabe aclarar además que en el caso del Presupuesto llevará más tiempo, ya que el mismo se gira al DEM para su reformulación y su posterior devolución al Concejo para su definitiva aprobación.
Recordemos que el bloque de concejales del Partido Justicialista presentó su dictamen sobre estas ordenanzas en la Secretaría del Concejo el 17 de diciembre de 2014, aclarándose que para esta última acción se contó con el apoyo de los concejales del PRO y del PDP, mostrando un paradójico caso en el que mientras la mayoría de los bloques del legislativo local estaban de acuerdo en tratar estas ordenanzas, el bloque de la UCR, amparado en su número y en el manejo de algunas comisiones se negó a hacerlo.
No se les reclamaba que aprueben las mismas de la manera en que habían sido enviadas desde el Departamento Ejecutivo, sólo se les solicitaba una respuesta acorde a los tiempos establecidos para la sanción de la norma, lo que hubiese permitido su tratamiento y debate en el recinto.
Si bien lo mencionado aparece como uno de los tantos procederes que ocurren dentro del Concejo Municipal -generalmente criticados y reprobados por una gran mayoría de la comunidad al evaluar la conducta de los ediles- se relaciona directamente con el título de esta nota, ya que una auténtica defensa del “bolsillo de la gente” se concreta y se ejerce tratando en tiempo y forma ordenanzas de este calibre.
La actual composición del Concejo Deliberante, con su correlativa conformación de las comisiones internas, todavía permite al Bloque de la Unión Cívica Radical -tal como sistemáticamente lo ha hecho en estos últimos años- el manejo discrecional de estas cuestiones, impidiendo al Ejecutivo de turno, elegido democráticamente por la ciudadanía para conducir los destinos de la ciudad, diseñar e implementar las políticas públicas que hacen al desarrollo integral de la ciudad.
