Losada queda bajo denuncia penal y su proyecto por falsas denuncias abre una pelea judicial

En 10 segundos:
Qué pasó: denunciaron penalmente a Carolina Losada por su proyecto sobre falsas denuncias.
Qué cambia desde hoy: el debate legislativo ingresa en una instancia judicial y política más áspera.
A quién le pega: a la senadora, al Senado y a profesionales que intervienen en casos de abuso y violencia.
Qué mirar ahora: si la denuncia avanza y si el proyecto llega al recinto con dictamen favorable.

Buenos Aires, 12 de mayo de 2026. El proyecto de Carolina Losada dejó de ser solo una discusión penal dentro del Senado. Ahora quedó atravesado por una denuncia que lo ubica en otro terreno: el de la posible intimidación sobre quienes trabajan con víctimas de abuso infantil y violencia de género.

La presentación fue impulsada por un grupo de juristas, académicos y referentes de Derechos Humanos. Entre los nombres mencionados aparecen Carlos Rozanski, Dora Barrancos, Taty Almeida y Nelly Minyersky, figuras con recorrido público en debates vinculados a justicia, género e infancias.

El punto central de la denuncia es el efecto político e institucional de la iniciativa. Los firmantes sostienen que endurecer penas por “falsas denuncias” en estos casos puede funcionar como mensaje disciplinador sobre psicólogos, trabajadores sociales, médicos, docentes y operadores judiciales que intervienen cuando una víctima decide hablar.

Losada defiende su proyecto con otro argumento: afirma que las causas inventadas dañan a personas inocentes, saturan al sistema judicial y desvían recursos que deberían proteger a víctimas reales. La propuesta ya obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado para modificar el Código Penal en delitos de falsa denuncia, falso testimonio y encubrimiento, con agravantes vinculados a violencia de género, violencia familiar contra menores y delitos contra la integridad sexual.

La disputa se volvió más intensa por el cruce con los datos. Un relevamiento federal del Observatorio de Género de los Ministerios Públicos analizó más de 8,2 millones de causas penales entre 2023 y 2025 en 17 jurisdicciones. Según ese informe, las falsas denuncias representan el 0,09% del total: una causa cada 1.098 expedientes.

Ese número cambia el eje de la discusión. Si el fenómeno es marginal, el costo de agravar penas puede recaer sobre quienes ya llegan con dificultades al sistema judicial. En violencia de género y abuso sexual, la subdenuncia aparece como un problema más extendido que la denuncia falsa.

El caso también tiene una derivación santafesina. Losada, senadora nacional por Santa Fe y figura política con base en Rosario, llevó el tema al centro del debate nacional después de denunciar la existencia de una presunta red de profesionales acusadas de fraguar peritajes. Para los denunciantes, esa línea de intervención pone bajo sospecha el trabajo técnico que muchas veces permite detectar abusos en la infancia.

La Justicia deberá determinar si la presentación tiene recorrido penal. El Senado, mientras tanto, queda ante una decisión incómoda: avanzar con una reforma que sus impulsores presentan como protección contra abusos del sistema, pero que sus críticos leen como una advertencia sobre quienes acompañan a las víctimas.

 

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