En 10 segundos:
Qué pasó: la provincia denunció penalmente una presunta caza ilegal masiva en la zona de Intiyaco y Fortín Olmos
Qué cambia desde hoy: el caso pasó de la viralización en redes a una investigación judicial
A quién le pega: a operadores clandestinos, guías sin credencial y al sistema de control ambiental
Qué mirar ahora: si la causa logra identificar responsables, campos utilizados y posibles complicidades locales
Intiyaco, 17 de mayo de 2026.
Las imágenes hicieron en pocas horas lo que muchas veces tarda más en ocurrir en el territorio: empujaron al Estado a mirar una zona donde la distancia suele jugar a favor de la clandestinidad.
La denuncia por la muerte de más de 300 animales en la Cuña Boscosa del departamento Vera abrió una investigación que ya quedó bajo órbita judicial. Las fotos viralizadas muestran contingentes con ejemplares muertos de patos, yacarés y otras aves protegidas, una escena que activó actuaciones del Ministerio de Ambiente y controles de la Guardia Rural Los Pumas.
El punto central ya no pasa solamente por la cantidad de animales abatidos. La pesquisa empezó a revisar cómo se organizó la excursión, quién la condujo, qué campo se utilizó y bajo qué habilitaciones operaban los involucrados.
Según la Secretaría de Biodiversidad provincial, el organizador sería un operador cinegético de Córdoba sin inscripción en la Secretaría de Turismo santafesina. También se investiga a un guía sin credenciales y a un establecimiento que no figura en los registros oficiales de zonas autorizadas.
Santa Fe tiene una actividad de caza deportiva regulada, con temporadas, especies habilitadas, cupos y exigencias administrativas. La resolución publicada el 30 de abril fijó para los anátidos un máximo de 12 piezas por cazador por día y delimitó los departamentos donde puede realizarse. La escala denunciada corre el caso hacia otra discusión: control ambiental, responsabilidad penal y negocio informal.
La Cámara de Turismo Cinegético de Santa Fe repudió el hecho y buscó preservar a las empresas habilitadas, que sostienen que trabajan bajo requisitos formales. Esa reacción también muestra el daño sectorial que produce una escena de este tipo: cuando la ilegalidad aparece en bloque, todo el circuito queda bajo sospecha pública.
El expediente ahora deberá reconstruir algo más que una cacería. Tendrá que determinar si hubo una operación aislada o una red que aprovecha rutas, campos, baqueanos y turismo extranjero para moverse por fuera de los controles.
En esa respuesta se juega una parte del poder real del Estado sobre el norte profundo: la capacidad de proteger fauna, regular actividades económicas y evitar que la distancia se convierta en permiso.
