En 10 segundos
Qué pasó: seis efectivos de la Policía de Santa Fe fueron detenidos por orden de la Unidad Fiscal de Violencia Institucional.
Qué cambia desde hoy: la investigación deja de centrarse únicamente en la muerte de Mauro Daniel González y avanza sobre posibles responsabilidades penales de los policías que participaron del procedimiento.
A quién le pega: a la Policía de Santa Fe, a los mecanismos de control institucional y a las causas por muertes bajo custodia del Estado.
Qué mirar ahora: la audiencia imputativa del viernes, donde el fiscal Ezequiel Hernández formalizará las acusaciones y expondrá las pruebas reunidas.
Santa Fe, 2 de julio de 2026. Durante casi cinco meses, la causa avanzó con pericias, reconstrucciones y declaraciones. Este jueves apareció el movimiento que modificó el expediente: seis policías fueron detenidos y la investigación ingresó en una fase donde la discusión deja de ser exclusivamente qué ocurrió con Mauro Daniel González para comenzar a determinar quiénes deberán responder ante la Justicia.
Cinco de los efectivos arrestados pertenecen al Comando Radioeléctrico y el restante integra el Cuerpo Guardia de Infantería. Todos fueron detenidos por pedido de la Unidad Fiscal de Violencia Institucional, que conduce el fiscal Ezequiel Hernández, quien el viernes encabezará la audiencia imputativa.
La investigación reconstruye una secuencia que comenzó el 17 de enero, cuando González fue aprehendido frente a su vivienda de barrio Yapeyú tras un llamado al 911. Desde entonces, la legalidad del procedimiento y el nivel de fuerza utilizado quedaron bajo análisis. Testigos aseguraron haber observado agresiones durante la detención y el expediente incorporó registros de cámaras de seguridad, imágenes y videos aportados por vecinos.
La pesquisa tampoco se limita a lo ocurrido en la vía pública. Los investigadores analizan el recorrido completo del detenido: el traslado entre dependencias, la revisión médica que constató lesiones compatibles con varios días de recuperación, el alojamiento en la Comisaría 8ª y las actuaciones posteriores dentro de la dependencia policial.
Uno de los puntos que concentra mayor atención es que González permaneció alojado en el calabozo aun cuando existía una orden judicial para recuperar la libertad. Según la reconstrucción del expediente, esa disposición fue comunicada a la seccional durante la noche del 17 de enero, aunque nunca llegó a ejecutarse. Horas más tarde, cuando el personal fue a notificarlo, el hombre ya no respondía y su fallecimiento fue constatado dentro de la celda.
A partir de ese momento, la investigación dejó de concentrarse únicamente en la causa de muerte y pasó a examinar toda la actuación estatal. Por esa razón se ordenó la aplicación del Protocolo de Minnesota, utilizado internacionalmente para esclarecer fallecimientos ocurridos bajo custodia o con posible participación de agentes públicos.
La querella, integrada por la familia de González y acompañada por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, sostiene que las responsabilidades deben analizarse sobre toda la cadena de actuaciones y no únicamente sobre los instantes previos al deceso.
Las detenciones representan el avance judicial más importante desde que comenzó la causa. La audiencia del viernes marcará el inicio de una nueva etapa procesal y permitirá conocer cuáles son los delitos que la Fiscalía atribuye a cada uno de los seis efectivos y cuáles son las pruebas que considera suficientes para sostener esas acusaciones.
