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Qué pasó: el ministro de Educación, José Goity, rechazó las críticas de Amsafé al nuevo Sistema Integrado de Salud Laboral (SIPSAL).
Qué cambia desde hoy: el Gobierno ratificó que avanzará con el nuevo esquema de control de licencias y descarta modificarlo antes de su implementación.
A quién le pega: a los docentes y al conjunto de los empleados públicos provinciales que utilizarán el nuevo sistema.
Qué mirar ahora: si el conflicto sindical escala cuando el SIPSAL comience a aplicarse y cómo impactará en la negociación entre la Provincia y los gremios.
Santa Fe, 2 de julio de 2026. El conflicto entre el Gobierno provincial y los gremios docentes volvió a ocupar el centro de la escena. Esta vez el detonante fue el nuevo sistema que administrará las licencias médicas de los empleados públicos, una reforma que el Ejecutivo presenta como parte de la modernización del Estado y que Amsafé interpreta como un mecanismo de mayor control sobre los trabajadores.
José Goity eligió responder de manera directa. Sostuvo que las críticas sindicales fueron realizadas sin conocer el funcionamiento del Sistema Integrado de Salud Laboral (SIPSAL) y aseguró que muchas de las objeciones parten de prejuicios antes que de la experiencia concreta que dejará su implementación.
La discusión excede el aspecto técnico. Desde que comenzó la gestión de Maximiliano Pullaro, la relación con los sindicatos docentes quedó marcada por una secuencia de disputas alrededor de la política salarial, la presencialidad, los descuentos por paro y los mecanismos de evaluación. El nuevo régimen de licencias incorpora otro capítulo a un vínculo que sigue acumulando tensión.
El esquema previsto para septiembre centralizará la gestión de licencias por enfermedad y accidentes laborales mediante canales digitales. Los trabajadores podrán iniciar el trámite desde una aplicación, por WhatsApp o por una línea telefónica gratuita. Luego, un profesional médico definirá mediante telemedicina o una consulta presencial la cantidad de días de licencia y cargará esa información directamente en el sistema.
Para la administración provincial, el objetivo consiste en unificar criterios médicos, agilizar los procedimientos y mejorar los controles. Del otro lado, Amsafé advierte que el modelo puede transformarse en una herramienta de disciplinamiento laboral y cuestiona la decisión de delegar el control médico en una empresa privada.
El Gobierno ya dejó en claro que no modificará el rumbo antes de poner el sistema en marcha. La evaluación llegará cuando el SIPSAL comience a funcionar. Hasta entonces, la discusión seguirá siendo política tanto como administrativa.
