La Cámara de Diputados de Santa Fe, aprobó este jueves una iniciativa del legislador Jorge Henn (UCR-FPCYS) que solicita la intervención del Ejecutivo Provincial ante los organismos nacionales para que se mantenga la reglamentación de la actual Ley Nacional de Salud Mental y no se dé lugar el decreto normativo que la modificaría. Uno de los puntos en discusión que plantea el gobierno es la idea de volver al viejo sistema del “manicomio” que “aísla” a los pacientes.
La alarma se encendió desde distintos sectores sociales, incluso más de 50 organizaciones, cátedras y asociaciones dedicadas al tema firmaron un comunicado solicitando que el Ejecutivo no firme este decreto “por el cual se pretende dar un giro rotundo en la política de salud mental que elimina la perspectiva de derechos humanos”.
Este jueves la Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó una iniciativa del legislador Jorge Henn, donde se solicita la intervención del Ejecutivo Provincial ante los organismos nacionales para que se mantenga la reglamentación de la actual Ley Nacional de Salud Mental y no se dé lugar el decreto normativo que la modificaría.
El autor de la iniciativa sostuvo que: “la ley vigente es progresista porque promueve la no discriminación, establece además una forma de abordaje de las adicciones desde otra óptica, donde se las entiende como una afección psicológica, y reconoce a las personas con padecimientos mentales como sujetos de derechos y no como objetos de protección tutelar”.
Algunos de los puntos en discordia que incluye el proyecto de reforma:
“Modifica la concepción de la salud mental como un proceso multideterminado por componentes históricos, socio económicos, culturales, biológicos y psicológicos, y reinstala el modelo médico hegemónico de perspectiva biologicista”.
“Reinstala el manicomio bajo el nombre de ‘hospitales especializados en psiquiatría y salud mental’ y admite el aislamiento pleno de personas a quienes vuelve a considerar ‘enfermos’ y habilita tratamientos en comunidades cerradas para las personas con consumo de drogas”.
“Lesiona y desnaturaliza el derecho a una defensa técnica de las personas usuarias, y establece que los abogados defensores deben ponderar la opinión del equipo tratante para no inmiscuirse en el esquema terapéutico, circunstancia que desoye la voz y los intereses de la persona usuaria”.
“Reinstala la lógica del modelo tutelar de sustitución de la voluntad, al reconocer expresamente que una persona puede ser declarada completamente incapaz en franca contradicción con las disposiciones del reciente Código Civil y Comercial de la Nación y normas de superior jerarquía”.
