Más allá de la volatilidad de los mercados y las internas políticas, Argentina enfrenta una crisis silenciosa que amenaza el tejido mismo de la salud pública. Las estadísticas son alarmantes: la tasa de cobertura de vacunación ha caído a niveles históricamente bajos, perforando el piso de seguridad necesario para garantizar la inmunidad de rebaño. La consecuencia es trágica y palpable: siete muertes confirmadas por coqueluche (tos ferina), una enfermedad prevenible que debería ser una nota al pie en los libros de medicina.
El retroceso no se detiene ahí. Las autoridades sanitarias están en máxima alerta ante el riesgo inminente de brotes de sarampión, otra patología que el país había logrado controlar. Esta situación no es producto del azar, sino de una combinación letal: la desinversión en campañas de prevención, las dificultades logísticas en la distribución de insumos y, preocupantemente, un creciente escepticismo antivacunas en ciertos sectores de la población.
El sistema de salud, ya tensionado, muestra grietas peligrosas. Mientras se debate el presupuesto nacional, la realidad sanitaria impone una urgencia que no admite dilaciones. La reaparición de enfermedades medievales en pleno siglo XXI es un síntoma de un Estado que está fallando en su función más básica: proteger la vida de sus ciudadanos, especialmente la de los niños, mediante herramientas tan probadas y eficaces como las vacunas.
