Con quórum en Diputados agregará un voto en la Magistratura y se acercaría a la mayoría. Cristina aprobó más de un centenar de pliegos en el Senado y puede ir por más.
Las elecciones legislativas de noviembre medirán la fuerza del Gobierno para ocupar lugares claves en la justicia, donde sumará poder si mantiene la sólida mayoría que tiene en el Senado y mucho más si alcanza quórum propio en Diputados.
Controlar la Cámara baja es el principal anhelo de la Rosada, porque además de aprobar leyes le permitirá agregar un voto más en el Consejo de la Magistratura, donde si bien no cuenta con la mitad más uno de los miembros supo conseguirla en algunas ocasiones con el respaldo de jueces y académicos. En la Cámara vecina Cristina dominó el recinto y aprobó un centenar de jueces, la mayoría surgidos de ternas que Mauricio Macri no llegó a destrabar, aunque no estuvo lejos.
La Magistratura es la encargada de nombrar o sancionar jueces, necesita una mayoría simple para reunirse pero los principales trámites los resuelve por dos tercios, que son 9 de sus 13 miembros. El oficialismo cuenta cinco propios: el representante del Ejecutivo (Gerónimo Ustarroz), los dos senadores (Mariano Recalde y María Pilatti Vergara) y la diputada Vanesa Siley.
Tiene como aliado fijo al juez al vice del Consejo, el juez Alberto Lugones, y el respaldo ocasional del académico Diego Molea, que además es presidente del organismo. Y colaboró en algunas ocasiones la diputada de Consenso Federal Graciela Camaño, pese a ser una firme opositora en el recinto, donde no dejó pasar algunas leyes reclamadas por Alberto y Cristina, como la reforma del Ministerio Público que termina con el interinato del procurador Eduardo Casal.
En la Magistratura no tuvo esa actitud y el año pasado ayudó con su voto a aprobar el retorno a sus juzgados de origen de jueces que investigaban las causas contra el kirchnerismo, como los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y el juez Germán Castelli. Ninguno se animó a defender su posición en el Senado.
Y en marzo Camaño avaló una resolución que sostuvo que la circular que la ANSES le mandó a jueces y fiscales «de ninguna manera puede interpretarse como una intimación a cesar en el cargo para evitar la pérdida de derechos previsionales ya adquiridos».
La diputada Graciela Camaño tiene mandato en la Magistratura hasta el año que viene. Si después de la elección de noviembre el Gobierno consigue una mayoría en esa Cámara la reemplazará con uno propio y se acercará a la mayoría.
Además, el Gobierno consiguió la ayuda del juez Ricardo Recondo para nombrar algunos jueces y tal vez pueda sumar consejeros afines con la renovación de otros estamentos, como el de abogados, aunque no será nada fácil. Casi todos los mandatos vencen en 2022.
Por eso necesita un diputado propio, porque aun con sus piruetas Camaño no es lo mismo que un kirchnerismo de pura cepa. Su mandato vence el año que viene y no relegirá si la mitad más uno del recinto de Diputados es afín a la Casa Rosada.
Esa Cámara sentó un precedente en 2015 que complica cada recambio de consejeros: el flamante jefe del PRO Nicolás Massot juntó firmas con aliados y las utilizó para quedarse con los dos representantes de la mayoría. El kirchnerismo judicializó la elección, pero por esos días no había juez capaz de presentarles atención y la picardía de Massot quedó como norma.
Sobre todo cuando en noviembre de 2018 le jugó en contra y esa vez fueron los laderos de la ahora vicepresidenta quienes juntaron una mayoría con aliados al azar para arrebatarle un voto al PRO, que recayó en el actual intendente de Córdoba, Martín Llaryora, leal al gobernador Juan Schiaretti. Como suplente se anotó Camaño y tuvo que reemplazarlo en 2019.
La elección de noviembre dejará el escenario para el poroteo que cubra ese cupo. El oficialismo necesita mejorar su performance de 2017 en algunas provincias para llegar al quórum, pero puede quedar en la puerta y completarlo con la ayuda de los partidos provinciales, como los de Misiones y Río Negro. Claro que bien podrían pedirle un consejero propio para ayudar, por eso es preferible para el Gobierno llegar con los propios.
Los senadores de esas provincias, además, son el talismán que tiene Cristina si las ocho elecciones para elegir representantes de la Cámara alta salen peor de lo que espera. Necesita no perder más que 4 de los 41 votos que tiene fijos desde 2019 para sostener la mitad más uno.
Pero además puede negociar con la misionera Magdalena Solari Quintana y el rionegrino Alberto Weretilneck, que la ayudaron en casi todas leyes relevantes de estos años.
En el Senado la mayoría del Frente de Todos ayudó a la vicepresidenta a renovar la composición de los tribunales federales, en un operativo que inició cuando tenía una banca y ni siquiera se había anunciado su fórmula con Alberto Fernández.
Por redes sociales y charlas de pasillo presionó a los senadores peronistas que entonces comandaba Miguel Pichetto para que no trataran los pliegos enviados por Mauricio Macri. Tanto se hizo sentir, que la última sesión del rionegrino como jefe del PJ fue cuando sus dirigidos se negaron a votar jueces, tras una durísima reunión de bloque con gritos y amenazas. Alberto ya era candidato a presidente.
Ni bien tomó el control del Senado Cristina destrabó el asunto a su favor: le concedió la Comisión de Acuerdos a su protegida Anabel Fernández Sagasti, quien como primera medida propuso y logró que los pliegos pendientes enviados por Macri volvieran al Ejecutivo para que se evaluara cada terna otra vez. Fue un negocio redondo, porque no necesitó iniciar el trámite en la Magistratura para cubrir ravioles de la justicia sin figuras hostiles.
Los nuevos pliegos empezaron a llegar y a votarse en septiembre, después de la decena de traslados cuestionados por la oposición, como los de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Con la última tanda dictaminada la semana pasada, incluida una jueza que puede fallar en el caso Correo, ya pasaron por audiencias 129 candidatos a jueces y casi un centenar fueron aprobados en el recinto, entre ellos varios nombres diferentes a los que había propuesto Macri.
Uno de los pliegos que nunca volvió fue el de Ignacio Mahiques, hermano del procurador de la Ciudad de Buenos Aires, que había sido candidato a juez federal de Mercedes. Alberto optó por Elpidio Portacarrero Tezanos Pinto para el mismo cargo y el Senado lo aprobó.
En la misma audiencia, que fue en septiembre, le pasó lo mismo a otro apellido conocido en la justicia. No pudo ser juez Germán Manuel Moldes, hijo del jubilado fiscal homónimo, que había sido propuesto como vocal en la sala 2 ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.
Alberto lo reemplazó Néstor Barral, un juez federal de Morón con más de tres décadas de trayectoria judicial. La mayoría de Cristina en el Senado lo votó y para casos así necesita sostenerla. Y, si es posible, buscar una Diputados. Y en la Magistratura.
