En 10 segundos:
Qué pasó: la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete reabrió el debate sobre investigaciones periodísticas vinculadas con su patrimonio.
Qué cambia desde hoy: antecedentes que permanecían en segundo plano vuelven a quedar expuestos por la centralidad institucional del cargo.
A quién le pega: al Gobierno nacional y a su estrategia de sostener un discurso de transparencia.
Qué mirar ahora: si la gestión responde a los cuestionamientos que resurgen tras el cambio de gabinete.
Buenos Aires, 3 de julio de 2026. Los cambios de gabinete suelen abrir una etapa política. También vuelven a abrir archivos.
La llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete colocó nuevamente bajo análisis una serie de investigaciones periodísticas y antecedentes públicos relacionados con su evolución patrimonial, publicados años atrás y que hoy recuperan relevancia por el lugar que ocupa dentro del Gobierno nacional.
Uno de esos trabajos fue difundido por El Disenso, que analizó las declaraciones juradas presentadas por Santilli durante su etapa como vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Según esa investigación, en la declaración correspondiente a 2015 el entonces funcionario informó una deuda hipotecaria de 550.000 dólares con el empresario Marcos Podestá, vinculado a empresas proveedoras del Estado porteño. El medio sostuvo que ese pasivo dejó de figurar en la declaración jurada del año siguiente sin que existiera una explicación pública sobre la forma en que fue cancelado.
La misma investigación también señaló la compra de un departamento frente al MALBA y diferencias entre el valor de mercado atribuido al inmueble y la valuación fiscal consignada en la documentación oficial.
A esos antecedentes se agregan conversaciones incorporadas a la causa judicial por presunto espionaje ilegal durante la administración de Mauricio Macri. En ese expediente aparecen expresiones atribuidas al entonces director de Operaciones Especiales de la Agencia Federal de Inteligencia, Alan Ruiz, quien realizaba comentarios sobre el nivel de gastos personales de Santilli. Esas manifestaciones forman parte del material incorporado a la causa, aunque no constituyen una acreditación judicial de los hechos mencionados.
Hasta el momento, Diego Santilli no registra condenas vinculadas con esas investigaciones ni imputaciones judiciales derivadas de los hechos mencionados en los informes periodísticos. Sin embargo, su desembarco en uno de los cargos de mayor peso político del Poder Ejecutivo vuelve a colocar esos antecedentes en el centro de la discusión pública.
La dimensión política del debate excede la situación personal del funcionario. La administración de Javier Milei construyó buena parte de su identidad sobre la promesa de transparencia y renovación del poder. En ese contexto, la designación de funcionarios cuyos patrimonios fueron objeto de investigaciones periodísticas agrega una tensión que probablemente continúe formando parte del debate político durante esta nueva etapa del Gobierno.
Fuente: investigación periodística de El Disenso, basada en declaraciones juradas patrimoniales públicas, documentación incorporada a la causa por presunto espionaje ilegal y registros oficiales citados por ese medio.
