La filtración de documentos obtenida y procesada por el consorcio de periodistas de#CorralPapers consiste en miles de archivos que comparten en una nube y en sus computadoras el Secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Santa Fe, Carlos Medrano, y su equipo más cercano de trabajo. No sólo se han filtrado los archivos que al imprimirse y estamparse las firmas se convierten en documentos públicos sino también sus apuntes de trabajo: planillas, anotaciones, carpetas con fotos de obras, etc.
El cotejo de dichos documentos permite obtener parámetros de incumplimientos de las normas legales de manera constante a lo largo del tiempo. Y en muchos casos, aún a sabiendas que los procederes eran reñidos con las leyes vigentes.
Todo este andamiaje ocultado durante años conlleva a un objetivo central: construir con fondos públicos una tropa militante propia en los barrios más necesitados de la ciudad.
A lo largo de esta investigación abundarán los ejemplos de empleados municipales y hasta funcionarios, integrando entidades sin fines de lucro beneficiadas por el Programa de Iniciativa Comunitaria y Cooperativas de Trabajo, hecho que está estrictamente prohibido por la ordenanza que lo regula.
Pero los archivos de trabajo de Medrano y compañía demuestran que las irregularidades no son una falla en los controles internos, ni de algún hecho aislado, sino de una constante que financia la militancia, el timbreo y el aguante del intendente y presidente a nivel nacional de la Unión Cívica Radical, José Corral.
También quedará demostrado cómo otra de las reglas básicas de transparencia y participación democrática de este programa era vulnerada con sistematicidad. La ordenanza que lo regula establece la obligatoriedad de llamar a Concurso de Precios, cada vez que el municipio decide “tercerizar” un servicio bajo este programa. La documentación filtrada demuestra que las obras fueron constantemente designadas discrecionalmente, para luego dibujar una supuesta legalidad en los documentos oficiales.
Y en esta investigación periodística también se pone de manifiesto la contracara de esta estafa a los vecinos de Santa Fe: los “referentes” con quienes la administración municipal decidió construir su red de punteros no parecieran ser ejemplos de buenos vecinos. Historias oscuras, causas penales, hechos violentos, resolución de conflictos a balazos o a las piñas se reiteran a lo largo de las historias que se hacen públicas en#CorralPapers.
El programa de Iniciativas Comunitarias es una herramienta noble para que el Estado Municipal llegue a tender una mano donde el sector privado no logra resolver puestos de empleo. Es el sostén de los excluidos del sistema. Y en muchos casos, y con muchas instituciones así funciona.
Antes de esta investigación, distintas denuncias periodísticas ya dieron cuenta de cómo esta herramienta transformadora es utilizada con otros fines. Ninguno de los poderes establecidos (Municipio, Concejo Municipal, Tribunal de Cuentas y Justicia) se hicieron eco. Salvo algunos tibios intentos de la oposición parlamentaria local que intentaron conocer detalles, los vecinos de Santa Fe no encuentran respuestas oficiales sobre el manejo de millones de pesos públicos.
#CorralPapers cumple con la función del cuarto poder: hacer público lo hasta hoy ocultado. Será tarea de los poderes formales ponerle fin a esta práctica y establecer las responsabilidades políticas, penales y administrativas que correspondan a cada uno.
¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE INICIATIVAS COMUNITARIAS?
El Programa Iniciativa Comunitaria es regulado por la Ordenanza Nº 10.100, sancionada, por el Concejo Municipal el 12 de septiembre de 1996 y modificada a mediados de 2010. La norma autoriza al municipio a “celebrar convenios con Instituciones y Organizaciones no Gubernamentales” con el fin de encomendarles “pequeñas obras y servicios que ocupen mano de obra de modo intensivo”.
Ya en el año 2012 desde la propia web del municipio la gestión de José Corral daba cuenta de los beneficios de este programa: “genera empleo, y compromete a los vecinos con el cuidado de las obras, ya que en muchos casos son ejecutadas por residentes del barrio”.
Son tres los puntos de esta ordenanza que interesan a los fines de esta investigación: en primer lugar en el texto se deja expreso que debe respetarse “la normativa para el régimen de compra directa y concurso público de precios según correspondiere”. Y lo que correspondiere según la ley es practicar los llamados CONCURSOS DE PRECIOS, convocando a las cooperativas a competir con sus servicios y costos. En la práctica nada de esto se ha realizado y esta investigación da muestras de esto.
En segundo lugar en el artículo cuarto, párrafo “F”, se establece que “en ningún caso el personal afectado a la realización de los trabajos guardará relación laboral alguna con la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe”. Y tanta fue la importancia que el legislador le dispensó a este punto que agrega: “Esta condición formará parte integrante del contrato de INICIATIVA COMUNITARIA celebrado entre la Municipalidad y la Institución”. Los concejales quisieron ser tajantes con la importancia de este punto y en el inciso “H” del mismo artículo dejan en claro que “en caso de haberse adjudicado el servicio y la institución comunitaria firmante no cumpla” con la condición de no incluir a personal municipal en sus filas “la Municipalidad de Santa Fe, en uso de sus facultades exclusivas, ejercerá su poder de control y fiscalización, debiendo decidir unilateralmente la caducidad del convenio en cuestión”.
Y en tercer y último lugar la norma establece una rendición de cuentas periódica. A los fines de otorgar total transparencia al destino de estos fondos públicos, el artículo noveno ordena a la intendencia a informar “trimestralmente al Honorable Concejo Municipal de las adjudicaciones efectuadas bajo el presente régimen”.
La filtración de documentos permite demostrar cómo todos estos puntos fueron vulnerados. Lejos quedaron aquellos objetivos iniciales de valerse “de la inserción territorial de las cooperativas, sus conocimientos previos y compromiso con el hábitat, para mejorar la calidad de vida de los vecinos”. Lejos quedaron esos anhelos de bien común al convertir al programa en una caja financiadora de política partidaria.
