Esto sería así, de comprobarse las supuestas tareas de espionaje ilegal durante su gestión en Seguridad. La pena incluiría inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.
Nuevos datos que lo complican
Los datos fueron dados a conocer el marco de la audiencia en la que finalmente el diputado Maximiliano Pullaro -exministro de Seguridad también- fue aceptado como querellante. Allí, los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández indicaron que entre enero de 2020 y el 26 de noviembre de 2021 -cuando se allanó el Ministerio de Seguridad- se realizaron más de 25 mil consultas sobre políticos, empresarios o periodistas en las bases de datos Nosis y Sudamericadata, de las cuales se adquieren informes de antecedentes comerciales, situación patrimonial y datos personales -entre otros- de cualquier persona física o jurídica.
Filtraciones intencionadas
Además, se estableció que una funcionaria del gabinete de Sain fue quien se encargó filtrar a los medios los audios de la causa federal de Rosario donde el exjefe de drogas, Alejandro Druetta, (condenado a 10 años de cárcel por integrar una banda narco del sur provincial) mantuvo conversaciones con Maximiliano Pullaro cuando este era ministro de Seguridad.
Los fiscales afirmaron que la investigación recolectó también testimonios que hablan de un interés particular de Sain por encontrar «algo» que pudiera perjudicar a Pullaro. Inclusive, establecer quien era el entorno afectivo del exministro del radicalismo provincial.
La respuesta del exministro
“Estos fiscales son politiqueros de cuarta. A uno lo conozco de asaditos entre gorilas con culpa que se autodefinen “progresistas” pero que, en esencia, son profundamente antiperonista” publicó en Twitter.
