En octubre de 2015 se sancionó en la Legislatura de Santa Fe, un proyecto de Leandro Busatto que proponía la creación del Programa de Protección de Víctimas y Testigos. Dos años después, la ley se reglamentó de manera parcial. Desde la sanción de la iniciativa se produjeron distintos hechos violentos contra testigos, uno de ellos el caso de Pablo Pérez con la banda de Los Cronos. Por otro lado, el departamento tenía funcionarios designados que hace más de un año percibían su salario, a pesar de que la ley no estaba reglamentada.
En octubre de 2015 se sancionó en la Legislatura de Santa Fe, un proyecto de Leandro Busatto que proponía la creación provincial de acompañamiento y protección de víctimas y testigos y el fondo provincial de recompensas. La promulgación de la ley se efectivizó de manera parcial el 28 de junio de 2017, dos años después.
Desde la aprobación hasta la promulgación, sucedieron distintos hechos conflictivos y violentos con respecto a víctimas de causas judiciales emblemáticas. Uno de los sucesos, ocurrió el pasado 23 de junio cuando un grupo de personas se hizo por la fuerza de la casa y todas las pertenencias de la familia del vendedor de flores, Pablo Pérez. Ante la imposibilidad de razonar o recuperar su hogar, éste último tomó el coraje radicó una denuncia -tal cual lo aconseja la Justicia y el Estado- contra quienes lo echaron de su casa. Los perpetradores son miembros de la banda criminal Los Cronos que tiempo atrás imponían su peso en la villa de barrio Centenario hasta que fueron desplazados por otro grupo rival.
Pérez no podía acercarse a su propia casa ya que era interceptado por conocidos y familiares de los malvivientes. El lunes 26 pudo volver tras la actuación de la Justicia que ordenó a la banda criminal a abandonar la propiedad tomada y le impuso una medida de distancia, recurso que no trajo paz al dueño de casa
A pesar de la existencia del programa de protección, el autor de la iniciativa explicó en dialogo por el programa Ida y Vuelta de Radioeme “Pablo no iba a poder tener protección porque la ley no estaba promulgada” y agregó, el Estado se tomó su tiempo, no tiene conciencia plena ni sensibilidad para llevar adelante este tipo de herramientas”.
Con respecto al programa, el legislador denunció que “lo único que funcionaba hasta el 28 de junio era el cargo que ya estaba otorgado” y señaló que el director del departamento percibe su salario hace más de un año sin que se haya puesto en marcha el sistema de protección.
“EL ESTADO ALIENTA A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN CAUSAS JUDICIALES EMBLEMÁTICAS Y CUANDO LO LOGRA NO TIENEN LAS HERRAMIENTAS Y LA VOLUNTAD POLÍTICA PARA PROTEGERLOS”
Cabe recordar, que el texto promulgado ampara “a toda persona que verosímilmente se encuentra en riesgo cierto de sufrir un atentado contra su vida, integridad, libertad o en sus bienes, como consecuencia de haber sido víctima o testigo de un delito, o bien por haber colaborado en su investigación o participado en un proceso penal, sea en carácter de juez, fiscal, defensor o funcionario judicial”. Una herramienta clave para el nuevo sistema de justicia penal que tardó dos años para que se reglamente.
