En 10 segundos:
Qué pasó: un hombre de 45 años fue detenido en Santa Fe por un pedido de captura vigente
Qué cambia desde hoy: la causa avanza hacia una posible imputación por lesiones y desobediencia judicial
A quién le pega: a la víctima, a su hija adolescente y al sistema de protección frente a la violencia de género
Qué mirar ahora: si la Justicia formaliza la acusación y refuerza las medidas de resguardo
Santa Fe, 5 de junio de 2026. La detención llegó después de una medida que ya estaba escrita en un expediente: el hombre tenía prohibido acercarse a su expareja. Según la investigación, esa orden judicial fue quebrada y terminó en una agresión física en plena ciudad de Santa Fe.
El acusado, de 45 años y en situación de calle, fue interceptado por personal del Comando Radioeléctrico durante la madrugada del jueves en la zona de Obispo Gelabert al 3500, en barrio Constituyentes. Al verificar sus datos, los agentes detectaron que tenía pedido de captura por incumplimiento de mandato judicial y lesiones leves dolosas calificadas.
La causa se originó por un hecho denunciado el 30 de mayo. De acuerdo con esa presentación, el hombre habría atacado a su expareja junto a un familiar y otros cuatro sujetos en inmediaciones de avenida General López y Zavalla, en el sur de la capital provincial. La víctima recibió golpes de puño en el rostro y sufrió lesiones leves.
El dato central del caso está en el antecedente judicial. El acusado tenía una restricción que le impedía acercarse a menos de 100 metros de la mujer. La víctima contaba además con botón antipánico. La prohibición alcanzaba también a la hija que ambos tienen en común, una adolescente de 13 años.
La intervención quedó ahora bajo la órbita de la fiscal Milagros Parodi, quien podría imputar al detenido por lesiones leves dolosas calificadas en contexto de violencia de género y desobediencia a un mandato judicial. También tomó intervención el Área de Niñez, Adolescencia y Familia de Santo Tomé, ciudad donde viven madre e hija.
El caso vuelve a poner el foco en una zona crítica del sistema de protección: la distancia entre una orden judicial vigente y la capacidad real de impedir que una situación de riesgo escale hasta una agresión.
