El impacto del narcotráfico en la vida cotidiana de la provincia de Santa Fe tiene un rostro particular y alarmante: los femicidios. Según el Observatorio Nacional de Mumalá, en los últimos cinco años el 65% de las víctimas de femicidios en contexto de narcocriminalidad de todo el país correspondió a territorio santafesino.
El dato adquiere mayor relieve al compararse con otras jurisdicciones. Buenos Aires, con más de 17 millones de habitantes, concentra apenas el 17,5%. Córdoba llega al 5% y Tucumán al 4%. La diferencia es significativa: con menos de 4 millones de habitantes, Santa Fe multiplica los registros.
En números absolutos, se contabilizaron 219 femicidios en Santa Fe en el último lustro. De ese total, 128 estuvieron vinculados al narcotráfico y crimen organizado (59%), mientras que 73 fueron femicidios directos en el ámbito íntimo o de pareja (33%). El año 2022 marcó un punto crítico: 49 casos de narcocriminalidad representaron el 72% del total provincial de ese año.
La directora ejecutiva de Mumalá, Gabriela Sosa, advirtió que el fenómeno no puede explicarse solo desde la violencia de género. Señaló la falta de políticas públicas activas: “No quedó ni una sola política vinculada al abordaje de la violencia de género en pie, ninguna nacional. Se desfinanciaron los programas y hasta se intentó quitar la figura del femicidio del Código Penal”.
El entrecruzamiento entre desigualdad social, debilidad institucional y avance del crimen organizado configura un escenario donde los femicidios adquieren características diferentes. “Estos casos no son como los íntimos, donde nos matan nuestras parejas en nuestras casas. Muchas veces los perpetradores son instigados por terceros, vinculados a la precariedad y a cadenas delictivas”, explicó Sosa.
El reciente triple femicidio de Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela volvió a poner el tema en la agenda nacional y reavivó el debate sobre la estigmatización de las víctimas. Sosa alertó sobre el discurso de la “mala víctima”, que las revictimiza y desplaza responsabilidades hacia quienes sufren la violencia en lugar de enfocarse en las estructuras criminales y en la ausencia de respuestas estatales.
El peso de las cifras muestra que Santa Fe enfrenta un problema estructural: el avance del narcotráfico no solo altera economías locales y la seguridad pública, sino que también redefine los escenarios de violencia de género. El desafío, planteado por organizaciones sociales y especialistas, exige políticas que integren seguridad, prevención y perspectiva de derechos para que el fenómeno no siga profundizándose.
