En 10 segundos:
Qué pasó: la causa por el presunto fraude en la Mutual Libertad de Nelson fue derivada al Área de Delitos Complejos del MPA.
Qué cambia desde hoy: la investigación contará con equipos especializados para reconstruir movimientos financieros, documentación contable y posibles responsabilidades.
A quién le pega: a los ahorristas que reclaman la devolución de sus depósitos y a las personas alcanzadas por la investigación.
Qué mirar ahora: si las pericias permiten determinar el recorrido del dinero y avanzar hacia eventuales imputaciones.
Nelson, 3 de julio de 2026. El expediente dejó de concentrarse únicamente en las denuncias de los ahorristas y comenzó a profundizar sobre la estructura económica que sostuvo el funcionamiento de la Mutual Libertad. Esa decisión quedó reflejada con el traspaso de la investigación al Área de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación.
La fiscal Bárbara Ilera quedó al frente del caso tras reemplazar a Ignacio Orio. El cambio implica una etapa distinta dentro del proceso judicial: el objetivo pasa ahora por reconstruir el circuito del dinero administrado por la entidad, revisar balances, analizar movimientos patrimoniales y determinar si existieron maniobras que puedan configurar delitos económicos.
La investigación se abrió después de que numerosos asociados denunciaran que ya no podían retirar sus depósitos. La situación se agravó tras el fallecimiento de José Leiva, presidente de la mutual, ocurrido el 4 de junio. Desde entonces, la entidad dejó de operar con normalidad y los reclamos de los ahorristas se multiplicaron.
Entre los elementos que deberá evaluar la Fiscalía aparecen las dificultades financieras que, según los representantes legales de los damnificados, la propia mutual habría reconocido al admitir problemas de liquidez para afrontar la devolución de los fondos. Una de las denuncias ya supera los 42 millones de pesos y corresponde a un solo ahorrista, aunque los abogados sostienen que el perjuicio total sería considerablemente mayor.
El expediente también incorpora el análisis de los vínculos institucionales que rodeaban a la entidad. José Leiva era hermano del presidente comunal de Nelson, Héctor Ramón Leiva, mientras que la tesorera de la mutual también cumplía funciones en la administración comunal. Hasta el momento no existen imputaciones relacionadas con esos cargos, aunque la Justicia deberá establecer si esas relaciones tuvieron alguna incidencia en los hechos investigados.
Mientras avanza la causa penal, los ahorristas mantienen el mismo objetivo desde el inicio del conflicto: conocer qué ocurrió con los fondos depositados y recuperar los ahorros que permanecen inmovilizados.
