En 10 segundos:
Qué pasó: dos efectivos de la PDI quedaron en prisión preventiva sin plazo en Reconquista.
Qué cambia desde hoy: la causa deja de ser solo una investigación por microtráfico y pasa a exponer una presunta trama interna de encubrimiento policial.
A quién le pega: a la Policía de Investigaciones, al Ministerio Público de la Acusación y a la credibilidad de los operativos contra el narcomenudeo.
Qué mirar ahora: si la investigación logra reconstruir toda la cadena de filtración y determinar si hubo más funcionarios involucrados.
Reconquista, 6 de junio de 2026. Dieciocho allanamientos preparados contra puntos de microventa en Avellaneda terminaron dejando una señal más grave que la droga secuestrada: alguien, desde adentro del sistema, habría avisado antes.
Esa es la hipótesis que este viernes llevó a prisión preventiva sin plazo a dos integrantes del área operativa de la Policía de Investigaciones de Santa Fe. El juez Mauricio Martelossi aceptó el planteo de la Fiscalía y dispuso la medida contra un oficial y una suboficial imputados por encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La información central fue confirmada por El Litoral y otros medios provinciales.
La acusación tiene un peso institucional evidente. Según el Ministerio Público de la Acusación, los agentes filtraron información confidencial sobre los operativos realizados el 29 de mayo en Avellaneda, lo que habría permitido que varios objetivos tomaran recaudos antes de la llegada de la fuerza.
El dato operativo explica la gravedad del caso: de 18 domicilios allanados, la investigación solo obtuvo elementos incriminantes en dos objetivos. Para la Fiscalía, ese resultado abrió una sospecha concreta sobre una filtración previa.
El fiscal Sebastián Galleano sostuvo que el oficial comunicó la fecha exacta de los allanamientos a la suboficial, que estaba de licencia. Luego, según la imputación, ella habría alertado por WhatsApp a una persona vinculada con los domicilios investigados para que pudiera evitar la persecución penal.
La causa incorpora un segundo nivel de gravedad. Los fiscales afirmaron que, al descubrirse la filtración, los dos policías hablaron entre sí sobre los mensajes que los comprometían, eliminaron conversaciones y descartaron dispositivos móviles. También los acusan de intentar instalar una versión falsa: que la información había sido difundida por otros miembros de la propia fuerza.
Para sostener esa maniobra, siempre según la Fiscalía, habrían confeccionado imágenes digitales que simulaban capturas de chats de WhatsApp entre superiores, compañeros de trabajo y personas vinculadas con los inmuebles allanados.
El caso golpea en una zona sensible del combate al narcomenudeo. Los operativos contra la microventa barrial dependen de información reservada, coordinación entre fiscales y fuerzas, y capacidad de llegar antes de que los investigados se preparen. Cuando esa reserva se rompe, la intervención pierde eficacia y la confianza interna queda dañada.
En paralelo, uno de los hombres investigados por comercialización de estupefacientes, identificado por las iniciales E.A.P., quedó detenido tras los procedimientos. Según la Fiscalía, desarrollaba una actividad estable y reiterada de venta al menudeo, con movimientos breves de personas que llegaban a su vivienda e intercambiaban objetos pequeños por dinero.
El expediente todavía tiene una pregunta mayor: si la filtración terminó en esos dos agentes o si formó parte de una red más amplia de protección. La prisión preventiva marca un primer cierre procesal. La crisis institucional recién empieza a medirse.
