El secretario de la Cámara, Hernán Gonçalves Figueiredo, advirtió que una modificación en medio del proceso electoral en marcha «generaría más daños que beneficios».
La Cámara Nacional Electoral ratificó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, los «problemas» que existen con el actual sistema de votación, aunque aclaró que es «imposible» implementar modificaciones antes de los comicios generales de octubre próximo.
El subdirector de la Cámara Electoral, Gustavo Mason, confirmó ayer el encuentro que mantuvieron el jueves pasado integrantes del cuerpo con el titular del máximo tribunal, aunque descartó que la reunión haya sido impulsada por el escándalo en los comicios de Tucumán.
En tanto, el secretario de la Cámara, Hernán Gonçalves Figueiredo, advirtió que una modificación en medio del proceso electoral en marcha «generaría más daños que beneficios».
«La Cámara ya dijo que es imposible modificar nuestro sistema de votación de acá a octubre», señaló Mason.
El funcionario judicial explicó que los camaristas le acercaron a Lorenzetti «la acordada firmada el 20 de agosto, en la que exhortó nuevamente al Poder Legislativo a que de alguna manera estudie modificaciones en el sistema de votación de todos los argentinos, como ya lo hizo en nueve ocasiones desde 2009».
El subdirector señaló que «sobre el sistema de papel se están generando algunos conflictos, sobre todo en las provincias», y afirmó que eso «atenta contra el derecho del ciudadano al sufragio».
Si bien recordó que la Cámara Electoral «viene promoviendo el sistema de boleta única», aseguró que no ha indicado ninguno en especial.
Por su parte, Gonçalves Figueiredo explicó que «hace años, después de cada elección», la Cámara se reúne con la Corte para mencionar «los problemas» que detecta en el proceso, pero aclaró que «no está en discusión la legitimidad de los comicios».
«Esas cuestiones que se vienen señalando hace ocho años no están poniendo en dudas la legitimidad del proceso», indicó el funcionario judicial.
Al respecto, añadió: «La Cámara no está queriendo decir que en los ocho años que viene reclamando el cambio de sistema de votación no se puede asegurar que el que fue elegido no responde a la verdadera voluntad de los votantes».
En ese sentido, aseveró que la acordada «aclara que tampoco es necesaria una reforma legislativa en medio de este proceso electoral porque puede tener más daños que beneficios».
Garantías. Paralelamente, la asociación Conciencia dio a conocer una declaración que contiene un pedido para que se pongan en marcha medidas que garanticen «la transparencia del proceso electoral», al tiempo que solicitó autorización para «la observación» de los comicios por parte de los ciudadanos «en todas sus etapas».
En cuanto a la eventual modificación del sistema electoral, al que consideró «agotado», la ONG explicó que ese paso «requiere un profundo análisis, debate y un amplio consenso de todos los actores, teniendo en cuenta las experiencias a nivel internacional y local».
A su turno, la especialista en derecho digital y miembro de la Fundación Vía Libre, Beatriz Busaniche, criticó el sistema de voto electrónico y recordó que fue descartado en Holanda «después de que un grupo de especialistas demostrara y denunciara que permitía violar el secreto del sufragio», en Alemania «por inconstitucional» y en Israel, donde «nunca se usó porque hasta se podía ver cómo avanzaban las urnas».
Aseguran que el reclamo opositor es «inaceptable, inviable y disparatado»
El ministro de Justicia y Derechos Humanos nacional, Julio Alak, afirmó ayer que el reclamo opositor de modificar el régimen electoral en tiempo de descuento para los comicios generales del 25 de octubre próximo es «constitucionalmente inaceptable, legalmente inviable y políticamente disparatado».
«Para que sea respetable, toda propuesta de reforma del sistema electoral debe llegar fuera de los tiempos de campaña, en sesiones ordinarias del Congreso y con el tiempo necesario para una reflexión profunda que favorezca el mayor consenso posible», subrayó el ministro durante una visita a Chaco.
Al término de un acto que compartió con el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, y la ministra de Seguridad nacional, Cecilia Rodríguez, el funcionario dijo que «el artículo 77 de la Constitución nacional establece que «los proyectos de ley que modifiquen el régimen electoral y de partidos políticos deberán ser aprobados por mayoría absoluta del total de los miembros» de ambas cámaras» del Congreso.
Ese requisito «implica que la voluntad del constituyente fue favorecer un amplio y prolongado debate sobre la normativa básica del sistema democrático», añadió.
«Resulta imposible que, en el medio de la campaña electoral, los legisladores cumplan con los requisitos de formación y sanción de las normas para modificar el Código Nacional Electoral y las leyes orgánica de los partidos políticos y de democratización de la representación política», argumentó Alak.
El titular de la cartera a cargo de organizar los comicios sostuvo que el pedido es «políticamente malintencionado» porque la oposición «sabe perfectamente que lo que reclama es inaceptable constitucionalmente e imposible legalmente». Y agregó: «Lo hace para encubrir derrotas electorales que sólo expresan la voluntad popular».
Según el ministro, para que prosperase una reforma como la reclamada deberían ser modificados al menos 38 artículos del Código Nacional Electoral, entre ellos 25 referidos al escrutinio, tres al formato de boletas y nueve a la emisión del sufragio.
Asimismo, señaló que la actitud de un sector de la oposición «llama poderosamente la atención», porque tras ser derrotada «agitó mediáticamente el fantasma del fraude en tres provincias con sistemas diferentes: en Salta, con voto electrónico, en Santa Fe, con boleta única y en Tucumán, con boleta tradicional».
Respecto de las elecciones generales, explicó que «serán mucho más sencillas que las Paso, ya que son menos las provincias que eligen cargos locales y se presentan solamente los candidatos que superaron las primarias, por lo cual habrá sólo un postulante a presidente, uno a gobernador y uno a intendente por cada agrupación política».
«Ya están garantizadas la organización, la seguridad a cargo de las Fuerzas Armadas y de seguridad federales y provinciales y el control de la votación y el escrutinio a través de la Cámara Nacional Electoral y 24 jueces federales con competencia electoral en las 23 provincias y la Capital Federal», precisó.
