De esa forma, el fiscal definió la relevancia de la causa que tiene a Rafael Grau como involucrado por la facturación simulada y reparación de móviles policiales. También precisó que “uno de los imputados” señaló que el ilícito se cometió en el marco de las Unidades Regionales I y II.
Tras la extensa audiencia que tuvo lugar ayer en Tribunales por la causa que involucra al ex jefe de la Policía Rafael Grau en maniobras delictivas relacionadas con el arreglo de móviles policiales, esta mañana el fiscal Roberto Apullán manifestó que el delito en cuestión implicaba a civiles y funcionarios policiales y consistía en “fraguar, mediante facturación simulada, reparación o cambio de repuestos de móviles policiales que no eran realizados. Se largaban órdenes de pago, se cobraban y después se repartían”.
En declaraciones a LT10, el fiscal consideró que, para llevar a cabo ese cometido, “se conformó una organización ilícita con diferentes roles de sus integrantes”. De esa forma, “una persona dio cuenta que no solamente se realizaban estas maniobras ilícitas, sino que también indicó a uno de los funcionarios policiales que le pagaba el 70% de lo recaudado. El otro 30% era cuestión de impuestos”, siempre según esta persona.
Asimismo, Apullán esgrimió que ayer “surgió la irregularidad de uno de los proveedores”, cuyo “objeto comercial era un negocio de gráfica”. “Uno de los imputados mencionó que esta situación irregular era conocida por toda la policía. Indicó que los funcionarios que están involucrados sabían de esta irregularidad y también mencionó que este proveedor, con la irregularidad de ser gráfico, arreglaba autos y cambiaba repuestos de móviles policiales y lo hacía en la Unidad Regional I (URI) y en la Unidad Regional II (URII)”, precisó el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Con relación al presunto “arrepentido”, aclaró que “tenemos una persona que confirmó algunos de los elementos que fueron sostenidos por la fiscalía y se está evaluando la posibilidad de que se instrumente una de la vías legales que es la reforma del artículo 41 del Código Penal”.
Al ser consultado sobre el plazo en el que duró la actividad ilícita, Apullán fue tajante al momento de decir que “lo esencial es que se ideó una organización”. “Es más, uno de los imputados manifestó ‘yo armé el negocio y lo presenté a la policía’. Se ideó una organización para actuar sistemáticamente que, cuando hubo oportunidad de defraudar a la administración pública, se realizaba. No lo relacionemos con los 96 mil pesos”, apeló con énfasis.
En otras palabras, “se le robó al Estado y para ello se ideó una organización. No son conductas de dos trasnochados”, definió el fiscal.
