La secretaria general de SADOP Santa Fe, Patricia Mounier, señaló sobre las recurrentes amenazas de bombas en las escuelas que “es una problemática que no se debe invisibilizar” y que “es responsabilidad de autoridades, docentes y padres dialogar para determinar cuál es el móvil para que personas realicen llamadas amenazantes a las escuelas”.
«Vemos el tema con mucha preocupación. Es cierto que implican un gasto la necesidad de evacuar escuelas y la intervención de las fuerzas de seguridad, pero reducir la situación a un factor económico no va a contribuir a resolver el problema. A nosotros nos preocupa la recurrencia en el tiempo y que haya escuelas que reciban hasta tres amenazas en el mismo día», expresó Mounier.
«Se está generando una situación de temor, de incertidumbre e incluso de desesperación en docentes y alumnos por lo que nosotros exigimos, como trabajadores de la Educación, garantías para poder desarrollar nuestra labor de manera digna en todos los establecimientos escolares», añadió.
«Es necesario llevar tranquilidad a los padres, quienes estando en sus hogares o trabajos, piensan que sus hijos están en la escuela cuando en verdad están padeciendo este tipo de situaciones, que ya no son simples bromas ni hechos aislados dado que los casos se multiplican tanto en Rosario como en Santa Fe, en escuelas públicas y privadas por igual», continuó Mounier.
«Las autoridades deben profundizar la investigación, pero también en las escuelas, puertas para adentro, hay que conversar con los alumnos, sostenerlos en lo anímico y tratar este tema porque lo peor que se puede hacer es invisibilizarlo o negarlo. Y también hay una responsabilidad de los padres, a veces un poco laxos y permisivos, por lo que debemos hablar con nuestros hijos para entender por qué están haciendo esto».
La titular de SADOP insistió en que «más allá de que se pierde tiempo de trabajo con todo el protocolo de evacuación y se ve afectada la regularidad de las clases, las escuelas no pueden estar sujetas a la incertidumbre y el temor que suponen estos peligros potenciales, donde ante cada nueva llamada se produce toda una movida que convulsiona la actividad educativa normal».
Sobre los recientes casos en los que intervino la Justicia, Mounier señaló que «no soy abogada ni entiendo de Derecho pero creo que si se juzgó que se debía detener a los padres titulares de las líneas telefónicas desde donde partieron las llamadas sus motivos habrá habido, pero tampoco conviene estigmatizar a los responsables sino tomar cartas en el asunto para que esto no vuelva a pasar y determinar cuál es el móvil para que personas realicen llamadas amenazantes a las escuelas».
«La escuela es un bastión en cuanto a instituciones sociales, respetada por toda la gente de bien, donde se desarrolla el proceso de aprendizaje de nuestros hijos, el trabajo de los docentes y que muchas veces soluciona problemas sociales y barriales para los cuales no está destinada. No se la puede cargar con toda la responsabilidad; entre todos los actores sociales tenemos que hacernos cargo del tema amenazas», apuntó.
«La escuela es una histórica receptora de todo lo que ocurre en la sociedad. Algunos no lo entienden así y cuestionaron que la semana pasada se hablara en las instituciones de Santiago Maldonado. ¿Esto tampoco hay que hablarlo? Ésta es una situación que nos interpela a todos y cada uno tiene parte de responsabilidad, no podemos apuntar contra el director de una escuela sólo por el hecho de que tiene que conducir una institución», enfatizó.
«En los casos en que se logre identificar a los autores de las amenazas, toda institución privada tiene autonomía para debatir, reflexionar y aplicar las sanciones que cada una determine, respetando los derechos del estudiante a defensa y a escolarización, sin apresuramientos ni expulsiones arbitrarias que de ningún modo garantizan la resolución del problema que, uno quiere creer que en algún momento se va a terminar», finalizó Mounier.
